12 enero 2005

Para no olvidar

Mientras escribo se le dan en la Corte Constitucional los últimos retoques a la decisión sobre la ley de garantías electorales, el nuevo mapa para hacer política en Colombia. Ese será tema de discusión de muchos a partir de hoy. Por eso lo dejo para otro momento y me concentro en otro que acaparó la atención la semana que termina: la toma del Palacio de Justicia.

Pertenezco a la última generación que alcanza a tener recuerdos de ese hecho. Con la conmemoración de sus 20 años, esos recuerdos se aclaran y se complementan. Lo que tenía en la mente como algo histórico hoy lo puedo analizar a la luz del derecho y de la cosa pública. Es decir, desde un punto de vista jurídico y otro político.

En lo jurídico el tema debe avocarse necesariamente desde la responsabilidad penal y administrativa. Todos los actores fueron criminales. La guerrilla entró asesinando y luego secuestró. El fin poco importa. El M-19 tiene una responsabilidad penal clara y concreta.

En cuanto al ejército y la policía, la cosa no es diferente. Su re-toma del Palacio fue criminal. Nadie niega su valentía, pero tampoco la inmensa irresponsabilidad de sus comandantes. La “Operación rastrillo” no tuvo nada de heroico pues debe juzgarse, incluso desde el punto de vista militar, por sus resultados: muerte y desolación.

En cuanto a la actitud del gobierno, también hubo delitos. El primero fue no ejercer mando en lo militar. Por omisión delinquió el Presidente al dejarse imponer una “acción de rescate” que previsiblemente acabaría con vidas inocentes. Faltó el primer mandatario a su deber y dejó la valentía en la casa. Por otro lado, hubo mordaza oficial para los medios. Se censuró y se dejó que nadie denunciara cómo se estaba asesinando.

Desde el punto de vista político la cosa es parecida. El M-19 cometió el mayor error de su historia. No hay argumento que valga a su favor. Cuán distinto sería todo para los del Eme que hoy hacen política, si no tuvieran en cima el INRI de esa acción armada.

El gobierno también fue políticamente miope. Dejó ver una escisión entre el mando civil y el militar que alteró la ecuación de poder en la democracia. Además le creó a la guerrilla un halo de víctima que hoy se refuerza con la brutalidad de las imágenes de televisión.

La historia terminó en un pacto de paz que se selló con la Constitución de 1991. Pero la página del Palacio de Justicia no se ha terminado de escribir. Algunas responsabilidades como la del Estado que fue condenado o la del M-19 que fue amnistiado ya se definieron. Pero faltan otras. La respuesta por los desaparecidos es una de ellas.

¿Para qué mirar hacia atrás? No se trata de abrir heridas cerradas. Se trata simplemente de lograr algo de justicia en ese mar de impunidad y de nunca olvidar que pasó lo que pasó y que, sobre todo, pasó como pasó.

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