¿Y después qué?

El aparato “para” se desmorona y es un simple problema de tiempo antes de que todo termine. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando el último político “para” rinda cuentas. Las razones son tres. La primera es que la Corte no se metió en esto para quedarse a mitad de camino. Va a seguir porque su labor es necesaria. De hecho, no se veía hace rato un órgano con la capacidad y el valor de destapar la olla como lo están haciendo los magistrados de la Sala Penal.

Sólo ahora que la Corte está mandando la parada en las investigaciones, los Organismos de control del Estado han prendido motores en la materia. Primero la Procuraduría, que está empezando a investigar la paramilitarización de la función pública y luego la Contraloría, que decidió ponerle el ojo a la contratación estatal regional para ver hasta dónde la plata del Estado ha ido a parar a las arcas de los bloques combatientes. ¿Se imaginan lo que se va a encontrar?

La segunda razón para que la Corte no pare en su búsqueda de la verdad  es que el Presidente parece estar dispuesto a que nada se quede engavetado. Ha llamado la atención para que hasta el último político enredado ponga la cara. Esto es saludable pues, aunque la Corte demostró que no necesita ningún paraguas ni apoyo para hacer lo que está haciendo, que el Ejecutivo se decida a darle un espaldarazo a la investigación es sano para la democracia.

Y la tercera razón para adivinar que la investigación no se quedará a mitad de camino es que los jefes paras, los que bajaron del monte, me refiero, anunciaron que no están dispuestos a dejarse “hacer la cirugía” así como así, paraditos y solitos, sino que quieren que quienes los armaron, impulsaron y se lucraron políticamente de sus acciones, los acompañen en las consecuencias que se deriven de la creación del monstruo que encarnan. Y esto sí es definitivo. Porque su comunicado, más que una noticia de prensa, fue una notificación formal para la clase política paramilitar de que a los jefes de lo bloques se les acabó la paciencia y contarán todo.

Surge así otra pregunta muy importante. ¿Qué tan grande será el hueco que quedará en la política nacional? Muy grande. Porque con las cosas como van la dirigencia de muchos departamentos tendrá que ponerse a dar explicaciones ante los tribunales y tendrá que dejar de lado la política. La actividad proselitista empezará a tener que limpiarse de la influencia paramilitar y tendrá que dar respuestas reales a las necesidades de sus regiones. En ese momento, que no está lejos, habrá una gran oportunidad para que nuevos grupos políticos llenen los espacios vacíos.

El problema es que con la polarización del país esos espacios pueden verse colmados por una política que no entienda que lo que se necesita es una visión de la sociedad que no sea excluyente. En otras palabras, un verdadero centro que tenga análisis en su función pero que no sea personalista. Que entienda que en la vida el gris es a veces un color válido. Y qué mejor oportunidad para empezar esa labor que las próximas elecciones de gobernaciones y alcaldías.

Hay que llenar los espacios que queden con política real y no pasional. Con sueños, pero también con soluciones. Con gente que entienda que el poder no es una religión. Porque más temprano que tarde la parapolítica será parte del pasado. ¿Y después qué? Después tiene que haber un centro. Uno que incluya y no desprecie. Que sea moderado. Sí. Un centro real. Un Nuevo Centro.

El que no la deba, no la tema

Los psicólogos conductistas estarían felices de ver cómo su teoría del comportamiento se verifica en Colombia. Para ellos, si a un niño (…o niña) no se le pone un límite, el mensaje que recibe es el de que puede abusar de su libertad. Claro, entonces termina aprendiendo que esos límites existen cuando se estrella con ellos: cuando el ojo ya está afuera y no hay Santa Lucía que valga. Como le pasó a esa parte de la sociedad colombiana a la que se le metió en la cabeza que ser paramilitar era una verraquera. Esa cuyos líderes ahora se preguntan si pasarán la navidad en la cárcel.

En ciertas regiones del país ser paramilitar se convirtió en símbolo de estatus. Y nadie puso límites. Muchos señores de sociedad se entusiasmaron con el camuflado, con los brazaletes bien bordaditos y con los ejércitos privados. Y nadie nunca dijo nada. Se entusiasmaron también con los votos que da el miedo colectivo en un país ávido de orden.  Surgió así el monstruo “para” que ahora empieza a ser decapitado. Al fin y al cabo, si el poder ya no lo daba el dinero fácil de la coca, ahora lo daba la libertad de matar a nombre del principio de autodefensa personal. Y pues es que todo el mundo tiene derecho a defenderse. ¿No?

Nunca creyeron que en esta Colombia paramilitarizada hasta el tuétano, la Corte Suprema le pondría el cascabel al gato. Y bastó que se expidieran tres órdenes de captura para que todos empezaran a temblar. El mensaje llegó clarito: el paramilitarismo no es un juego y la Corte no dudará en limpiar el país. Y eso que las investigaciones del computador de Jorge 40 y del de Don Berna no han comenzado a dar resultados.

Ante la situación hay que aprender del pasado y actuar en consecuencia. Lo primero a entender es que este no es un proceso impulsado por fiscales políticos. Acá el tema es verdaderamente judicial. Los fiscales de hoy no pretenden hacer proselitismo con órdenes de captura para luego aspirar a la presidencia de la República. Tampoco hay revanchismo sectario. Acá es la ley penal la que se está imponiendo y el proceso judicial el que está guiando las actuaciones.

Lo segundo a tener en cuenta es que la responsabilidad penal es individual y el riesgo de una supuesta desinstitucionalización no puede ser una excusa para que no se cumpla la ley penal. El Estado está preparado como estructura para las consecuencias del encausamento de sus funcionarios. El ejecutivo, el legislativo y el judicial, como ramas del poder público, no se verán afectadas si sus miembros van a la cárcel. Al fin y al cabo para eso está la Constitución. Sí, esa que tanto molesta a algunos de los que están durmiendo menos bien por estos días.

Y lo tercero es que la sociedad que creyó en el esperpento paramilitar debe entender que se estrelló contra un límite contundente de actuaciones judiciales que no tienen vuelta atrás. Debe entender que esto no es una cacería medieval de brujas criollas sino el destape definitivo de realidad que hace rato huele a alcantarilla.

Es lógico que muchos estén asustados. Nada tan complejo como librar una lucha penal en la Corte. Pero que el que no la deba no la tema porque en ese tribunal hay pulcritud. Eso sí, que el que la deba, la tema. Porque parece que ni el fiscal ni la Corte Suprema están dispuestas a dejar pasar un  momento histórico que los dejará en la historia patria como los verdaderos salvadores del país.

El efecto dominó

Los líos judiciales tienen, por lo general, un efecto dominó. Cuando los delitos han sido cometidos por varias personas, con el primer responsable que cae empiezan a rodar los otros. Ese fue el caso del proceso ocho mil. Con Medina en la cárcel, lo demás se dio solo. Uno a uno fueron cayendo los responsables. Pero bueno, eso es historia patria aunque sirve para ilustrar lo que está por suceder con el nuevo escándalo de la parapolítica.

Con los primeros congresistas presos están cayendo más. Cuando de un sopetón llaman a indagatoria a seis, es porque hay mucha tela qué cortar. Por eso no es tan difícil adivinar que a los parlamentarios les irá mal. Si a estas alturas la Corte Suprema involucra a alguien no es para inhibirse así no más. Por lo menos averiguará más a profundidad antes de salir con una decisión que haga tránsito a cosa juzgada.

Es cierto que la Corte podría no privar de la libertad a los implicados mientras investiga y aún así dejarlos vinculados al proceso penal. Pero hay tres factores que permiten prever que sí los encarcelará. El primero es que si ya lo hizo con unos por lo mismo, resultaría extraño que no lo hiciera con otros. Frente a los mismos hechos, o todos en la cama, o todos en el suelo. ¿No?

El segundo factor para prever carcelazo es que los magistrados saben que cada acción suya es un mensaje para un país ávido de justicia. De hecho, la sociedad empieza a ver a la Corte como una verdadera salvadora de la patria. Porque lo es. Y el tercer factor es que en la comisión de acusaciones de la Cámara decidieron investigar a los magistrados en una maniobra más política que judicial. Se trata de un error de cálculo muy grande. Esa sí que es una pelea mal casada.

El efecto dominó tendrá consecuencias regionales. Porque hasta ahora sólo se está destapando la para-olla de algunos departamentos de la costa. Faltan otros y varios. Y ante el descalabro del proyecto en esa zona,  las culpas y las acusaciones irán y vendrán. Comenzarán entonces a desfilar por las pasarelas de las fiscalías y los juzgados muchos de los grandes cacaos de esos otros departamentos costeños que aún no han sido tocados por la Corte.

Por otro lado, muchos en el norte del país deben estarse preguntando: “Ajá… ¿y por qué todos costeños? ¿Acaso no fueron los cachacos de Antioquia los que se inventaron esta vaina?” Y entonces volverá a aparecer  el efecto dominó. Los que cantarán Tutaina Tuturumaina en la cárcel también cantarán otras cosas. Luego le ayudarán a los técnicos de la Fiscalía a desencriptar la información del computador de Don Berna. Y entonces le sacarán a Antioquia los trapos sucios al sol y veremos una fila de gente prestante haciendo fila en la Corte Suprema de Justicia.

Por último: Álvaro Uribe tiene, ante todo, la gran responsabilidad de apoyar las investigaciones sin que se le desbarate políticamente el país. Y para eso va a tener que armar un nuevo gabinete que represente ya no a los ocho millones de uribistas sino a los 42 millones de colombianos. Porque ya no le corresponde solamente salir airoso frente a la guerrilla. Ahora le corresponde también no dejar morir un país en el que la clase política decidió suicidarse. Claro que para eso tendrá que rodearse mejor. Porque con semejantes amigos ¿para qué enemigos?

En buenas manos

Con las órdenes de captura de varios congresistas comenzó el tan sonado nuevo proceso ocho mil, que en realidad es un proceso Cuarenta, no por el número de expediente sino por el Alias de Don Jorge, el dueño del computador. La corte Suprema de Justicia dio su primer mordisco y mando poner presos a varios congresistas por nexos con los paras. Ojo: esto no quiere decir que sean culpables, pero sí que hay indicios graves de que lo sean. Y ojo otra vez, porque acá no se trata de decisiones de fiscales haciendo política sectaria a punta de órdenes de captura, como se vio hace años en el país, sino de magistrados estudiosos y serios que están tratando hacer justicia.

Las fuentes de las pruebas que están inundando esos proceso penales son varias. La primera es el computador de Jorge Cuarenta, que es el que tiene hoy a los congresistas procesados  pagando escondederos a peso. Sin duda de él saldrán más datos que seguirán dándole a la Corte una tarea adicional a la de la casación. Basta esperar para saber quién más recibe al niño Dios en la Modelo.

La segunda fuente es el computador de Don Berna, del cual se sabe poco. Sin embargo, hay quienes opinan que su disco duro será para Antioquia lo que el de Cuarenta para la costa. Es decir, todo un ventilador que hasta ahora está empezando a girar. Y en tercer lugar, está la propia ley de Justicia y paz que exige una confesión a cada paramilitar que quiera obtener beneficios. Esas confesiones no se quedan ahí sino que llevan a que se abran otras investigaciones que, tarde o temprano, terminarán salpicando a más y más congresistas.

La Sala Penal de la Corte Suprema tiene un gran reto pero a la vez una oportunidad. El reto consiste en que no haya impunidad. La oportunidad es para demostrar que, en el proceso penal como en todos los demás, la Constitución es una norma a ser aplicada de preferencia. Esto porque en Colombia, muchas veces, se ha confundido la justicia con la cárcel y la picota pública con el derecho a la información. Y eso viola la Constitución.

Los Magistrados tienen ahora el reto de mostrarle al país cómo se surte un proceso, cuáles son sus garantías, de enseñar que la detención preventiva no es una pena sino una medida cautelar, que la política no hará que la justicia salga corriendo por la ventana y, sobre todo, que el derecho se dice en los tribunales y no en los medios. Porque no puede volver a existir encuestas sobre si un procesado es culpable o inocente, sobre si se le debe condenar o exonerar o sobre el número de años de cárcel que debería pagar. Esto es ilegal porque se reemplaza al juez y se genera un linchamiento moral injusto.

Que se investigue, que se juzgue y que se castigue. Y sí, que se eliminen de una vez y ojalá para siempre los espectáculos de justicia que, si bien dan pan y circo, al final sólo dejan un gran desgaste del aparato judicial y a los derrotados tirados en una esquina lamiéndose las heridas y tratando de justificar el resto de la vida lo injustificable. Afortunadamente en esta oportunidad es la Corte Suprema de Justicia la que tiene las riendas de los procesos penales. Dicho de otro modo, la justicia está en buenas manos. Y cuando esto ocurre, es posible decir que se está un poco más cerca de la paz.

Totazo con la realidad

Pareciera que el debate sobre si en Colombia hay o no un conflicto armado ha quedado superado en virtud de los hechos. Hay incluso quienes dicen que nunca debió existir. Pero como en ese planteamiento, tomado por José Obdulio Gaviria de los halcones gringos para meterle carne al discurso uribista, se basó buena parte de la estrategia de seguridad nacional del gobierno, pues había que tenerlo en cuenta. Mucho más cuando se supone que fue unos de los puntos que a Uribe le permitieron salir reelecto.

Durante el primer gobierno de Uribe los seguidores de la naciente religión se regocijaban con el tema de la seguridad democrática. Hasta en algunas universidades se pensó en lanzar cátedras sobre la materia, emulando los posgrados que, en centros de enseñanza foráneos, otorgan títulos en Seguridad Nacional. Surgieron expertos, doctrinantes y gurús.  Todo con base en el mismo planteamiento: que en el siglo XXI no puede haber violencia política, sino que cualquier expresión que pretenda subvertir el orden constitucional establecido, es terrorista.

Semejante doctrina, tan útil a la hora de justificar posiciones fuertes y muchas veces carentes de contenido, al final resulta siendo contraproducente. Primero, porque, como siempre en la vida, la realidad termina imponiéndose. Y segundo, porque no deja campo para maniobrar políticamente. Y poder y política van de la mano, así muchas veces intervengan elementos de violencia armada.

Nos desayunamos con la noticia de que nuestra guerra es real y no es contra un enemigo invisible. Sin embargo, como nos habían dicho que lo que pasaba es que el mal se quería imponer sobre el bien, pues a la postre nos embistió la realidad. Y por lo que parece, no estamos preparados para enfrentarla ni en el discurso, ni en la política.

En el discurso, porque el lenguaje de la seguridad nacional es descalificador y se parte de la base de que el contrincante no es un interlocutor válido. Ese contrincante, emtonces, va a querer siempre ganarse la interlocución a las malas y con más violencia. Por otro lado, el discurso de la doctrina de seguridad se volvió agresivo, sin necesidad. Y eso tiene un inconveniente: que aunque los epítetos y las incitaciones verbales pueden generar aplausos, también generan un reto que un enemigo difícilmente elude. Para la muestra, los botones de los últimos días.

Digo que tampoco estamos preparados en la política. Hemos cerrado las puertas y la guerra, como se concibe terrorista, no tiene por dónde cogerse para intercambiar planteamientos. Obvio, para intercambiar prisioneros. No pareciera entenderse que la humanidad ya pasó por esto y que, por lo tanto, ya aprendió de esto. Y que precisamente por eso generó herramientas  de derecho internacional  que, con nuestra doctrina de seguridad, resultan inaceptables.

Se supone a que a Uribe lo eligieron para que siguiera con lo que venía haciendo. Y sí, cierto, si algo está funcionando bien, no hay que cambiarlo. ¿Pero qué está funcionando bien en materia de guerra? El arte del gobernante está en reinventarse y cambiar lo que no funciona. En manejar las situaciones que surgen. Y acá surgió algo que no habíamos visto: la realidad. Esperemos que el presidente le meta política al asunto. Esa que en otras oportunidades y frente a otros adversarios, tanto le ha servido a él y al país.