Con la frente marchita

Esta semana se cumplieron 69 años de la muerte de Carlos Gardel. Hoy se sabe con certeza que nació en París y que murió en Medellín. La capital de Antioquia vio caer al héroe y vio nacer la leyenda. Su voz plateada fue y sigue siendo la luz de miles de corazones que lo evocan. En su repertorio todo es bueno. Todo tiene sentido. Y, quién lo iba a pensar, sus palabras en "Volver", tango magnífico cuya música es de su propia inspiración, permite entender algo que desde hace un par de años ocurre en la política colombiana y sobre lo cual poco se ha escrito.

Mucha gente piensa que la política del presidente Uribe es de centro derecha. Pero a esa conclusión llegan analizando el manejo del orden público y dejando de lado otros temas importantes en la definición de una gestión de gobierno como el consumo de droga, el aborto y la eutanasia. Esos son tópicos que en el mundo entero definen la filosofía de un gobernante o de un partido. En Colombia, no obstante, los políticos y los medios de comunicación sólo tocan esas cuestiones cuando están coyunturalmente sobre el tapete. De resto, la discusión se centra en cosas como la reelección o en los chismes de coctel.

Es cierto que el gobierno tiene una posición conservadora frente temas distintos al orden público. Ha habido discusiones en el congreso en la que el ejecutivo se ha hecho sentir así. Una de ellas fue el debate sobre las uniones de personas del mismo sexo que se hundió. Sin embargo, esta no ha sido la regla general. Uribe ha querido dejar su huella de manera diferente. No con planteamientos sobre los diversos aspectos de la vida del Estado y de los ciudadanos, lo que equivale a gobernar día a día, sino liderando una avalancha ideológica para modificar varias nociones esenciales de la naturaleza humana que se adoptaron con la constitución de 1991.

Lo anterior puede verse como una verdadera revolución en la que hay dos puntos para resaltar. El primero es que la política del gobierno no tiene nada de centro. Si de centro se hablara, habría que recordar el cuatrenio de Andrés Pastrana. Lo de ahora es diametralmente diferente. Esta es una política de pura derecha y nada más. El segundo punto es que esta es una revolución hacia el pasado. En ella no hay progreso pues reevalúa cosas que están hoy en día sobre la mesa porqué ahí las puso el desarrollo de la humanidad. El derecho constitucional, el derecho del Estado, es esencialmente evolutivo. Avanza de la mano del hombre y por lo tanto tiene elementos cuya modificación equivale a echar para atrás en la historia. Colombia cuenta con varios de esos elementos y son un verdadero patrimonio constitucional que, en las condiciones actuales, está siendo amenazado.

No se puede pensar que una gestión de gobierno conservadora se contradice con el modelo de Estado moderno en el que la soberanía reside en la constitución. Por el contrario, ese modelo es una condición para que la libertad, las garantías y la legitimidad permanezcan vigentes cuando un gobierno como el de Uribe ha sido elegido. Por esto mismo es que no hay necesidad de reevaluar el Estado para que la gestión política de hoy tenga éxito. España y Alemania son el mejor ejemplo. Ambos países son Estados sociales de derecho cimentados sobre el respeto de los derechos fundamentales en los que el ejercicio del poder se somete a la ley. Esto aún cuando su vida constitucional ha estado marcada por fuertes gobiernos de derecha que no han tenido que romper el modelo de Estado para tener éxito.

El gobierno del presidente Uribe fue legítimamente elegido para ser lo que es y para hacer lo que hace en materia de orden público. Y lo ha hecho bien. Sin embargo, cuando la gente votó por Uribe no lo hizo esperando un cambio en el sistema de principios y valores constitucionales que hoy rige el país. Nadie que conozca el tema, que tenga visión de Estado, que entienda que Colombia no se puede alejar del concierto mundial en materia de respeto a la libertad, puede entender que a punta de reformas constitucionales estemos en el umbral de una situación históricamente superada. Cuando Gardel habló de volver, no negó que lo hiciera con la frente marchita. Y es porque uno nunca puede volver al futuro. Volver, siempre, significa echar para atrás.

Mensaje equivocado

Hoy ningún gobernante puede ejercer sus funciones sin tener en cuenta que el Estado está inmerso en una comunidad internacional que, políticamente, lo mira y lo juzga. No se trata de una consecuencia de la globalización, que es un fenómeno muy posterior al nacimiento de un orden internacional, sino de una realidad surgida desde que la guerra era vista como un verdadero derecho. La historia replanteó ese concepto y hoy en día lo último que puede reivindicar un Estado es su ius in belus. Afortunadamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la legitimidad sobre el uso de la fuerza pasó a ser parte de las Naciones Unidas, aunque una que otra vez a esta noble organización se la hayan pasado por la faja.

Más allá de lo anterior, la realidad es que los gobernantes del presente no están solos. Y por eso cuando actúan, así sea buscando el bien de su país, tienen que tener en cuenta los vínculos con la comunidad internacional. El derecho internacional público es una verdadera ciencia y gracias a él, la política, cuando se hace de las fronteras hacia fuera, se lleva a cabo con la diplomacia, con las reglas y con las costumbres que la historia de las relaciones entre Estados ha ido generando.

En Colombia, sin embargo, esto parece no haber sido entendido todavía. O por lo menos hay dos hechos recientes que llevarían a pensar así. El primero es la nueva andanada de críticas del Presidente contra Amnistía Internacional. ¿Qué pretendió Uribe al emprenderla nuevamente contra esa ONG? La masacre de La Gabarra es un horror totalmente repudiable. De esto nadie puede tener dudas. Pero, ¿cuál es el rédito político nacional o internacional para el Presidente o para el país con esta crítica?

La verdad es que en materia internacional el palo no esta para cucharas y echarle leña al fuego no parece haber sido una gran idea. Por otro lado, en el plano interno, los ánimos están ya lo suficientemente caldeados como para remover la ampolla con las ONG. Por eso, desde el punto de vista político, fue tremendamente innecesario el desafío a Amnistía. Mucho más ahora que las reformas constitucionales recientemente aprobadas por el Congreso han sido verdaderos dardos envenenados contra el corazón de algunos tratados internacionales.

Precisamente ese es el segundo hecho que pone a pensar si realmente hay una conciencia del daño que en materia internacional se le está causando al país. La propia Constitución dispone que los tratados sobre derechos humanos que hayan sido aprobados por el Congreso hagan parte de la legislación interna. Esto es así, sólo que esos tratados no se vuelven una ley ordinaria que pueda ser reformada por otra, sino que entran a hacer parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Es decir, se convierten en una porción de la Constitución que no está escrita en su texto pero que realmente existe y tiene su misma fuerza.

Por lo anterior, en los casos en que las reformas constitucionales contradicen un tratado internacional, el problema no es sólo de orden interno sino también externo. Este es precisamente el caso del estatuto antiterrorista. Como el estatuto es en su mayoría contrario a varios pactos internacionales, la reforma constitucional no puede ser válida sin que antes el Gobierno denuncie los respectivos tratados. De otra forma, el Estado estaría desconociendo con legislación interna normas de derecho internacional que por su propia voluntad ha creado previamente.

En un mundo en el que la guerra se vive por televisión en tiempo real, en el que el orden depende muchas veces de lo que otros decidan y en el que la libertad ha pasado a ser el botín por excelencia, no se puede dar bandazos que manden un mensaje equivocado. Basta esperar que los asesores jurídicos de palacio entiendan esto y decidan ponerse a trabajar con la Constitución en la mano y en el tema internacional.

El nuevo banderillero: ¿Con el pecho ante la aplanadora?

En lo que va corrido del año, los principales protagonistas de la política han sido el Gobierno y el Congreso. Y no podía ser de otra manera si se tiene en cuenta que ambos son los gestores más importantes de la revolución uribista. Esa que comenzó con el referendo, que el viento se llevó, y la misma que hace unos meses puso sobre la mesa el tema de la reelección.

La que ha pretendido cambiar el modelo de país reformando permanentemente la Constitución y haciendo de las políticas de Estado un proyecto electoral de carácter personal.

Hasta ahora, Ejecutivo y Legislativo han estado solos en este juego. De la mano han sorteado con éxito los intentos de la oposición por detener los efectos de la aplanadora legislativa. Han hecho política, han ofrecido y han dado, han logrado resultados. Pero el tiempo pasa y, como no hay plazo que no se cumpla, le está llegando el momento de actuar a un nuevo jugador. Se trata de alguien que hasta el momento ha sido un espectador pasivo de esta faena de las mayorías. De un órgano judicial que en el pasado ha hecho patria y que hoy se erige como la casi única esperanza de quienes prefieren un Estado basado en la libertad a uno basado en el poder. Ese nuevo banderillero es la Corte Constitucional.

El guardián de la Constitución ya mostró su poder cuando avaló el referendo el año pasado. Lo hizo desmontando unos puntos que probablemente habrían convertido el mecanismo en un seguro triunfo del Gobierno. Pero desde entonces su intervención en la dinámica política ha sido menor. Como se trata de un órgano judicial, sus actuaciones se dan dentro del marco de su propia función. Esa misma que tiene el poder que empezará a verse cuando los fallos sobre las reformas impulsadas por el Gobierno comiencen a aparecer y a hacer efecto.

Están por venir las sentencias sobre las modificaciones a la propia Constitución. Se ha dicho que la Corte sólo puede pronunciarse sobre su trámite. Sin embargo, esta es sólo una interpretación literal de una norma de procedimiento. De tiempo atrás el constitucionalismo ha hablado de límites inmanentes al poder de reforma constitucional. Y si alguna constitución del mundo tiene esos límites, es la colombiana. Por lo tanto, nada de raro ni de malo tendría que los fallos sobre tanto bisturí que le han echado a la pobre Constitución tengan una carga material que mande por la borda los intentos por volver al modelo anterior a 1991.

También vendrán las sentencias sobre las leyes aprobadas esta semana. Los códigos penales tendrán que pasar un duro examen. Igualmente la reglamentación del estatuto antiterrorista será objeto de análisis. Y no la tendrá nada fácil.

Para cualquier conocedor, esta ley es una puñalada a la libertad y a la historia de la humanidad. Nadie pone en duda que el desbordamiento del poder pueda ser eficaz para generar más orden. Pero así el remedio siempre va a salir más caro que la enfermedad, porque se sacrifica un valor esencialmente eterno por alcanzar un resultado meramente coyuntural.

El Gobierno, consciente de que tiene en frente a la Corte, ha decidido preparar un proyecto de acto legislativo que modifica sustancialmente sus funciones. Una de las reformas consistiría en quitarle el control de los decretos de Estados de excepción para entregárselo al Congreso. Es decir, que en situaciones de excepción constitucional, que es cuando más control judicial se necesita, todo se volvería un asunto de valoración política. Esto, sin más, sería volver a la Edad Media en términos de justicia constitucional.

En este ambiente de polarización y frenesí caudillista la política ha cedido a todo. Los partidos se han desgranado y se han desintegrado a la voz de la burocracia. Los votos en el Congreso van y vienen dependiendo de qué se ofrezca y de qué se reciba. Son pocos los que ven el futuro con una visión de Estado. Y en medio de tanto pan y de tanto circo los ojos se voltean lentamente hacia la Corte Constitucional. Habrá que ver entonces si la Corte se juega a favor de la revolución uribista, o, si más bien, le pone el pecho a la aplanadora y se hace del lado del derecho y de la Constitución.

Del ladrido del labrador a Yidis y su vuelta canela

Otra vez el tema político de la semana fue la reelección. Nuevamente se oyeron los vendavales de argumentos que terminaron el jueves en la noche con la aprobación del proyecto reelectoral en la comisión primera de la cámara. Sólo que en esta oportunidad hubo una diferencia. La iniciativa estaba hundida 24 horas antes de la votación. Y el gobierno, conciente de las dificultades desde el principio de la semana, activó una estrategia para modificar el ambiente y aceitar el trámite legislativo a su favor.

Esta estrategia estuvo compuesta de tres elementos. Al primero se le puede llamar “El ladrido del labrador” y parte del hecho de que, en el mundo canino un ladrido, así provenga de un ejemplar de raza noble, es por lo general una advertencia. En el caso del gobierno consistió en poner a Fabio Echeverri a advertirle al país que, si la reelección no pasaba, el presidente sometería el proyecto a referendo. Óigase bien: otro referendo. Igualitico al que perdió Uribe el año pasado sino que esta vez con una sola pregunta: ¿Quiere usted que haya reelección presidencial? Bueno, y con otra diferencia. Porque no hay que olvidar que el referendo versión 2003 nos lo vendieron como un mecanismo contra la politiquería. Y eso, lógicamente, no podría pasar con el referendo versión 2004. Porque, ¿qué más politiquería que la que ha exhibido el gobierno para asegurar la aprobación de la reelección en cada debate?

El segundo elemento de la estrategia gubernamental fue importado del partido que perdimos con Ecuador y se le conoce como “marcación hombre a hombre”. En el fútbol consiste en que a cada uno de los rivales se le presiona personalmente para impedirle jugar bien. En el escenario político consistió en hacerle a cada congresista un seguimiento personal para convencerlo de votar a favor del proyecto de reelección. A cada uno se le llamó, se le invitó a almorzar, se le ofreció algo de “oxígeno” y se le hizo entender, con una encuesta reciente pagada por todos los colombianos, que votar en contra de un gobierno tan popular es una bobada. Algunos parlamentarios se dejaron seducir por esas mieles mientras otros declinaron las invitaciones y los ofrecimientos.

El gobierno andaba en esas cuando se dio cuenta que la representante conservadora Yidis Medina estaba en el grupo de quienes votarían en contra. Y así las cuentas no le daban. Entonces, activó el tercer elemento de su maniobra. Uno que bien puede llamarse “El del capitán que manda sobre el marinero” y que parte del principio de que en política todo el mundo tiene jefe. Los uribistas buscaron al gamonal superior de doña Yidis y cuadraron el voto con él. Eso sí, la representante, muy tiesa y muy maja, alcanzó a hacer subir bastante sus acciones. Como buena mujer se hizo escasa para hacerse desear, luego se dejó invitar a Palacio, con voz temblorosa pidió mayor inversión social en su región, comió tamal con tinto con Sabas y finalmente dijo mmmmm…. bueno. Toda una vuelta canela política sin precedentes ni rubores.

Con esta estrategia el gobierno consiguió que se aprobara en tercer debate el proyecto de reelección. Ahora falta la votación en la plenaria de la Cámara para concluir la primera vuelta del proceso legislativo. La cosa le salió bien a Uribe pero tuvo que meterle muela, maña y mucha, mucha muñeca al asunto para que le sonara la flauta. Lo grave es que el tema continúa debilitando la política y desinstitucionalizando el Estado.

Ehh, Ave María, dirán en Palacio, si eso no es grave; qué importa que en los dos años que le quedan a Álvaro el país se descuaderne un poco, si al fin y al cabo estamos es asegurando que haya cuatro años más. Ahí ya se verá cómo se compone la cosa; y quien quita hombre, de pronto hasta le metemos a esta gente otro referendito; eso nos lo votan seguro… dejá y verás… así, quién quita, hasta aseguramos que la palomita en el poder nos dure a todos todavía un poco más.