¿I-responsabilidad política?

Para nadie es un secreto que Colombia sufre de varios males. Puede decirse que la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico son los que más afectan el orden público. La pobreza, el analfabetismo y el desplazamiento son los campeones en el orden económico y social. En materia política, si se utiliza la dialéctica de moda, el premio gordo se lo sacan “la corrupción y la politiquería”. Aunque si se mira la cosa desde una óptica más amplia, en realidad se lo deberían ganan la polarización, la falta de visión de Estado y la desarticulación institucional. Pero como en la Colombia de hoy decir esto último es ser poco patriota, entonces mejor no decirlo; o mejor decirlo así, sin decirlo.

Todos esos son problemas actuales de nuestro país. Sin embargo, hay otro muy grave que es en buena parte el origen de varios de los mencionados. Se trata de la falta de responsabilidad política. ¿Responsabilidad política? ¿Qué es eso? La responsabilidad política es una de esas cosas que todo el mundo cree saber que son pero que a la hora de definirlas terminan dando dolor de cabeza. Sin embargo, puede decirse que ser políticamente responsable es asumir la consecuencia de una decisión o de una actuación política. Y que esta consecuencia puede ser electoral, simplemente política o jurídica.

Es electoral cuando quita votos. Como cuando Uribe barrió electoralmente a Horacio Serpa. El derrotado anunció que no volvería a aspirar a la presidencia. Sin embargo, hoy, dos años después, está aspirando. Lo que dijo Serpa la noche en que perdió puede quitarle votos ahora. Pero no más. Ni él era funcionario ni el Estado perdió plata. En este caso la responsabilidad política produce un efecto puramente electoral.

La consecuencia es sólo política y no electoral cuando el resultado no quita votos pero tumba al funcionario. Este fue el caso del ex ministro Fernando Londoño, en aquella ocasión en que dijo que el presidente estaba pensando en revocar el Congreso. Londoño sólo se cayó. Ahora, como Serpa, aspira a ser elegido presidente y sin duda todas sus actuaciones pasadas influirán en las decisiones de los votantes. Pero la responsabilidad política del incidente será cosa del pasado.

Por último, la consecuencia puede ser también jurídica. Esto quiere decir que puede tener implicaciones tanto judiciales como administrativas y fiscales. El mejor ejemplo es el de Enrique Peñalosa. Aquí, funcionarios de su administración se pasaron por la faja normas técnicas para entregar más rápido el sistema Transmilenio. Eso ha llevando a que los usuarios tengan que aguantarse ahora nuevas obras en la autopista y a que le toque al Distrito desembolsar más de 100 mil millones de pesos para pagarlas. Hay que buscar una responsabilidad que, al no poder ser simplemente política por haber ya terminado su período, no puede quedarse en solamente electoral. Peñalosa dijo que acepta la responsabilidad política pero que eso implica simplemente que puede perder votos. ¿Cómo así? ¿No está acaso la gestión del exalcalde a disposición de los investigadores naturales? No se trata de culpar a nadie de antemano. Pero ¿cómo puede un “mea culpa” político blindar al exalcalde de una investigación jurídica mientras que se pone en la picota pública a funcionarios que poco o nada tuvieron que ver con el asunto como María Isabel Patiño?

La noción de responsabilidad política está ligada necesariamente a la de control de la gestión pública. Supuestamente, en una democracia, este control lo ejercen las propias instituciones, los partidos, los medios y los ciudadanos. Pero en Colombia las instituciones controlan a medias y los organismos encargados del tema regularmente, son unos monstruos con inmensas deficiencias. Los partidos no fiscalizan a sus miembros pues no se van a echar ellos mismos la soga al cuello y los medio de comunicación guardan generalmente un equilibrio que, aunque periodísticamente sano, no cumple su función. Y como si fuera poco, el control ciudadano no está debidamente articulado. ¿O cuál es el funcionario colombiano al que le han revocado el mandato?

Si la cosa funciona deficientemente en la administración pública, en el manejo del orden público ni se diga. Para la muestra un botón: el operativo de rescate del ex ministro Gilberto Echeverri termina como termina y no ruedan cabezas institucionales. Pero el terrorismo mete un gol secuestrando 4 personas en Neiva y ahí sí, sin pedir explicaciones, se destituyen generales y funcionarios del DAS.

Una última perla: según denuncia del Concejal Alejandro Martínez Caballero el texto del artículo 172 del Estatuto Orgánico de Bogotá, que autoriza al Gobierno Distrital a celebrar contratos de concesión para dotar a Bogotá de “un eficiente sistema de transporte masivo”, tiene 5 incisos. Así aparece en el Diario Oficial. Sin embargo, en la edición comentada de la Alcaldía Mayor, que recoge el texto y que se utiliza como versión oficial en los despachos distritales, sólo aparece uno. Y algo más curioso aún. En el faltante inciso 2, se dice que los concesionarios se obligan por su cuenta y riesgo a diseñar, construir, conservar y administrar el sistema por un plazo no mayor de 30 años. Sí, Transmilenio. Esperemos que este descubrimiento dirima de una vez el tema de quién debe responder por la plata. Bueno, ¿pero y la responsabilidad política? ¿Qué nos van a decir ahora a los bogotanos?

El mensaje del Zapatero

No se habían terminado de contar los votos cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció que le daría un timonazo a la política española. “Hoy han hablado los españoles y han dicho que quieren un gobierno de cambio”, dijo. Lo que no se imaginó el líder del PSOE es que con sus palabras estaba, no sólo anunciando un giro de 180 grados para su país, sino también llamando la atención sobre tres aspectos fundamentales de la política mundial: sobre la forma de gobernar en el siglo XXI, sobre el manejo de los medios de comunicación por parte de los gobiernos y sobre las relaciones internacionales entre los Estados.

Respecto del primer aspecto hay que recordar que los ataques terroristas a Nueva York despertaron la ira de un gigante que perdió toda noción de orden jurídico para actuar globalmente. El presidente Bush metió a medio mundo a la guerra contra “el mal”. Eso llevó a que más de 40 países -entre ellos España y Colombia- se pasaran por la faja a Naciones Unidas. También a que se rompiera la unidad de la Unión europea y a que los gobernantes de la coalición adoptaran una forma particular de gobernar, que por su fondo y por su forma, resulta totalmente antipática. Por su fondo porque parte de la base de que no hay antagonistas a los que hay que convencer por la vía de la democracia sino enemigos a los que hay que destruir por la vía de las armas. Y por su forma porque se expresa en una extraña mezcla de arrogancia, prepotencia y mesianismo que convierte toda voz opositora en humanamente inferior.

Sobre los medios de comunicación, resulta increíble la manera en que hoy son instrumentalizados para lograr objetivos de gobierno. Los mejores ejemplos son el de los periodistas “incrustados” en los batallones del ataque a Irak, que fueron un arma más de la guerra, el de nuestros medios oficiales en la época del referendo y el de la Televisión Española que se prestó para desinformar sobre los atentados de Madrid. Esos episodios muestran una utilización mediática con fines políticos poco sana para la democracia.

Pero ese no es el único problema de los medios. En muchos casos, y Colombia no es la excepción, algunos periodistas han “macartizado” la política. En la práctica han terminado confundiendo “estufa” con “estafa” y se han convertido en un obstáculo para gobernar correctamente. Es el caso de los cazadores de brujas a quienes todo en política les huele feo y ven en cualquier actuación oficial algo ilegal. Lamentablemente la falta de preparación y de criterio los lleva a erguirse en defensores de una moral pública creada por ellos mismos. Por eso terminan confundiendo la política con la politiquería, las coaliciones de gobierno con las reparticiones de puestos y la cárcel con la justicia. Donde eso ocurre la política deja de ser el arte de gobernar y se convierte en el de sobrevivir.

Por último, sobre las relaciones internacionales entre Estados, hay que decir que la política internacional es, como la interna, un juego de poderes. Y que en un mundo polarizado, como el actual, jugarlo requiere de mucha inteligencia. Hoy Zapatero no sólo es el presidente de un país cuyos ciudadanos se sienten engañados por el gobierno saliente. Con su triunfo, y especialmente con el próximo retiro de sus tropas de Irak, el jefe del PSOE se convierte en el líder de una nueva Europa que quiere dejar atrás las heridas de la polarización mundial; de un continente con el que el gobierno colombiano no tiene una buena relación y con el que nuestro país tendrá que interactuar, para todos los aspectos, en los próximos años. Por eso Uribe tiene ahora que mirar el bosque y no los árboles y, en temas como el de la venta de los tanques y el de las relaciones con las ONG, tiene que ser cauteloso y apartarse de la visión gringa. Dicho de otro modo, la Europa de Rumsfeld no es Europa y por eso no puede ser nuestra Europa. La España de Bush no es España y por eso no puede ser nuestra España.

El triunfo de Zapatero es un mensaje de los españoles para el mundo entero: hay que cambiar la manera de gobernar, los medios de comunicación deben hacer una profunda reflexión sobre su conducta y tiene que haber una nueva visión de las relaciones internacionales. Esto tienen que entenderlo quienes sólo creen en un modelo basado en la fuerza y en la instrumentalización mediática. Las palabras del nuevo presidente español, dos días después del más terrible asesinato colectivo en Madrid, aunque fueron dirigidas a los españoles, no tienen nacionalidad. Nos pertenecen a todos. Y ojalá fueran las de todos los líderes del nuevo mundo: “Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo, me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar.”

El laberinto de Sabas

Muchos han querido ver en el desafortunado incidente de la salida del viceministro de justicia, Rafael Nieto Loaiza, la aplicación del dicho “donde manda capitán no manda marinero”. Ese refrán encaja en todos los aspectos de la vida, incluida la política. Sin embargo, en este caso, la cosa tiene matices. La razón es simple: la fusión del ministerio del interior con el de justicia sirve sólo en la medida en que el titular de esa cartera tenga la doble condición de ser buen político y mejor jurista. Ese era el caso de Fernando Londoño quien, para bien o para mal, tenía la capacidad de involucrar en una sola frase o en una sola actuación planteamientos de alta política con otros de profundo contenido jurídico. Basta recordar la lucha que dio por el bendito referendo. Pero cuando, como en el caso de Sabas, quien con su nombramiento se graduó de político pero no de jurista, el ministro no entiende de derecho, la cosa se complica. En este caso la falta de criterio jurídico y el desconocimiento de las minucias legales terminan siendo un handicap para que el funcionario ejerza bien sus funciones. Y entonces al viceministro le toca actuar para llenar el vacío. En la práctica, el vice se convierte en ministro y pueden pasar dos cosas. La primera es que el titular se deje guiar por su subalterno y entonces, como dice el Pibe, todo bien. Pero la segunda es que el ministro no esté de acuerdo con su viceministro, quien es profesional del asunto y conoce más del tema que él. Aquí habrá un corto circuito porque cualquier viceministro se va a sentir desautorizado por alguien menos preparado. El marinero, que en la práctica se volvió capitán, se sentirá desautorizado por el capitán que se volvió marinero. Y, lógicamente, la consecuencia será siempre la carta de renuncia.

Lo anterior es sólo una expresión más de algo que a estas alturas del gobierno de Uribe es evidente: que la unión de los ministerios del interior y de justicia fue un gran error. La labor del ministerio de justicia es titánica. En un país de leyes, como el nuestro, todo pasa por allí. A eso hay que sumarle la función de defensa judicial de la nación que es una vena rota que desangra el presupuesto, el manejo carcelario que es tarea de gigantes, la extinción de domino que tiene vericuetos cuyo manejo no se le desea al peor enemigo y, para no ir más lejos, el manejo de la extradición que no es ninguna pera en dulce. Para manejar esos temas se necesita más que un abogado, un verdadero jurista. Alguien que sepa articular la noción de lo justo con el mar de leyes del país y el margen de política que el gobierno requiere. En esto Sabas estaba cubierto por Nieto hasta que se presentó el problema. Pero ahora tendrá que encontrar a alguien que le tape con éxito ese flanco que tiene tan débil.

En el ministerio del interior las cosas han salido relativamente bien porque no ha habido oportunidad de que salgan mal. Sabas ha logrado crear un buen ambiente en el Congreso pero es innegable que, frente a él, los parlamentarios han tenido una condescendencia incluso cariñosa. Han sido blancas palomas a comparación de lo que fueron con Londoño. Sin embargo, “Baby, it’s show time” como dicen los gringos. A Sabas le llegó la hora de pasar al bate. No sólo tiene en frente la tarea de sacar adelante proyectos tan complejos como el de alternatividad penal y la reglamentación del estatuto antiterrorista, sino que además va a jugar como centro delantero en la aprobación de la reelección presidencial y en la concreción del acuerdo político.

La primera gran prueba de fuego será el próximo martes con la elección del Defensor del pueblo. Sabas incluyó en la terna a su amigo Mario Gómez y ahora tiene que lograr que lo elijan. Gómez es un as bajo la manga del gobierno: tiene formación humanista, ha trabajado los temas de la paz, tiene magnífica relación con la izquierda y, sobre todo, no es visto como lobo disfrazado de oveja por las ONG. Sabas se va a jugar por él. Pero hay un problema: que la cosa le tiene que salir bien. Porque si le sale mal, es decir, si no logra que elijan Defensor a su candidato, el ministro habrá marcado la pauta para lo que venga en su relación con el congreso; los parlamentarios le habrán medido de entrada el aceite y el gobierno terminará en el grueso de la legislatura con un ala rota.

Pasada la euforia de la firma de los acuerdos el ministro tiene que concretarlos. El escenario es el Congreso. Y si Sabas no mide bien lo que hace, es decir, si sigue flojo en materia jurídica y se deja meter goles en materia política, todo puede terminar patas arriba para el gobierno. Los proyectos de ley se pueden hundir, la reelección presidencial puede terminar embolatada y el acuerdo político puede quedar en nada. Entonces el sacrificado ya no será sólo el marinero de turno. Oh problema, el gran capitán, en persona, también puede terminar saliendo ponchado.

Como anillo al dedo

Pocas veces como la semana pasada se habían levantado tantos cuestionamientos sobre nuestro sistema judicial. ¿Pero cuál es el problema en realidad? Más que uno son dos: el primero, que en Colombia inexplicablemente siempre se ponen sobre el tapete iniciativas que la propia historia universal ya ha revaluado y se hace de ello un hecho periodístico. La del voto para los militares es el mejor ejemplo. Y el segundo, que nuestro sistema judicial simplemente está mal armado.

La pelea entre las Cortes tiene su origen en el primer problema. Quienes creen que el asunto es un conflicto por colisión de competencias o por un supuesto desbordamiento de funciones están equivocados. Es posible que en la protesta pública de la Corte Suprema haya habido algo de reclamo, de advertencia y hasta de reproche. Pero lo que en realidad hay en el fondo de todo es una lucha entre dos concepciones del Estado y del Derecho que desafortunadamente cohabitan en Colombia.

En el mundo contemporáneo esa cohabitación ya no existe. Como en el tema del voto castrense, la misma historia universal la dejó atrás. Si bien desde la Revolución Francesa se creía que el legislador era sabio y que por lo tanto la ley era infalible, con la Constitución alemana de 1949 todo cambió. A partir del momento en que Alemania se levantó de las cenizas cobraron sentido planteamientos que hasta entonces habían sido tenidos como simple filosofía. Entre ellos están la teoría kantiana de la dignidad y los derechos fundamentales, el Estado social de derecho y, cómo no, el control constitucional concentrado en cabeza de una corte. Así, los perdedores de la guerra aprendieron de sus errores y dieron un salto cualitativo en materia de concepción y organización estatal. Mientras tanto, en Colombia, mirábamos hacia España y no pocos soñaban con adoptar su sistema dictatorial.

Finalmente, en 1978, el cambio llegó a España y el modelo que se implantó fue el alemán. El constitucionalismo español despegó y el país empezó su carrera democrática hacia la modernidad. En Colombia, mientras tanto, apenas nos sacudíamos de las herencias del Frente Nacional y tuvimos que esperar 13 años más para ponernos al día. Casi 50 años habían pasado desde el final de la guerra cuando estrenamos la Constitución del 91. En ella, muy para fortuna del país, se adoptó el modelo germano-español y se dejó de lado el que hoy muchos, incluida la Corte Suprema, echan de menos. En ese momento Colombia también dio un salto en materia constitucional. Lo que pasa es que lo hizo mediante una Constitución que tiene tanto bondades como errores.

En la década larga que llevamos viviendo bajo el manto de la Constitución hemos podido ver unas y otros. Dentro de las bondades, cabe resaltar que los principios y los valores constitucionales irradian hoy en día todo el ordenamiento; que la tutela ha salvado vidas, devuelto sonrisas y exaltado la dignidad; que el ciudadano es hoy consciente de que la Constitución le pertenece como norma y no como discurso. Pero también hemos padecido sus errores: la Fiscalía, por su estructura funcional y orgánica, es un monstruo sin control. Aunque atrás quedaron días más oscuros, en algunos niveles aún hay corrupción. En el resto de la rama todo es confuso: la carrera judicial tiene muchas deficiencias; los jueces no tienen aún el puesto que se merecen en la sociedad; los funcionarios saltan de la judicatura a la política y viceversa sin pudor. El padrinazgo juega todavía en la nominación.

La responsabilidad no es exclusiva de la Constitución. En cualquier país, más que un sistema judicial enérgico, lo importante es tener un sistema institucional fuerte. Si los políticos hacen bien su trabajo, si el Ejecutivo y el Legislativo cumplen, siempre habrá menos problemas que los jueces tengan que resolver. Pero si fallan, entonces la gente acudirá al sistema judicial con la esperanza de que aquello que no fue debiendo ser, sea. Y si los jueces interpretan la Constitución como deben hacerlo, entonces actuarán en consecuencia.

El gran problema es que en la Colombia de hoy la polarización ha llegado a niveles insospechados. Por eso vale la pena recordar lo dicho por el presidente de la Corte constitucional italiana, Gustavo Zagrebelsky, quien en uno de sus libros titulado El derecho dúctil, afirma: “Los hombres y los juristas ‘inflexibles y sin matices’ no se compadecen bien con el tipo de vida individual y social que reclama el Estado constitucional de nuestro tiempo. Su presencia, además de ser fuente de fragilidad y emotividad, constituye un potencial de asocialidad, agresividad, autoritarismo y, en fin, no sólo de inconstitucionalidad, sino también de antiinconstitucionalidad”. Semejante planteamiento nos cae hoy como anillo al dedo.