Si la cosa se mira desde el punto de vista político, hay que concluir que Uribe y sus muchachos tienen argumentos válidos para haber hecho lo que hicieron. Desde Palacio es inconcebible que un guerrillero utilice los países vecinos como refugio de guerra y es todavía más inconcebible que nada se pueda hacer al respecto. Además Uribe es un hombre más de acción que de reflexión y pues de ahí que haya pasado lo que pasó y que esté pasando lo que está pasando.
Hay que decirlo con toda claridad: el presidente obró consecuentemente con lo que ha sido su política y con lo que es su manera de ser. Para nadie que medio entienda de política colombiana puede ser extraño el episodio como tampoco la manera en que se ha manejado luego de haber sido descubierto. Los ministros acuden al argumento de la efectividad y del sentimiento, y además, no lo hacen mal. Sabas se ha batido como un león defendiendo la posición oficial, el vicepresidente también y hasta el ministro de defensa, que últimamente figuraba menos, se está graduando de escudero.
Por otro lado, no hay que olvidar que estos son tiempos de extraterritorialidad a nivel mundial y para la muestra las capturas de los afganos que al rayo del sol cubano hoy le rezan a Alá cinco veces al día sobre el suelo de Guantánamo para que alguien se acuerde que existen. ¿Otros ejemplos? Las de Afganistán e Irak no sólo son guerras que se pasaron por la faja a las Naciones Unidas y que fueron justificadas con mentiras, sino que han generado toda clase de acciones de captura extraterritoriales. ¿Y si Bush manda buscar a Bin Laden en todo el mundo por qué no va a poder Uribe mandar a buscar a Granda en Venezuela?
No obstante lo anterior, si la cosa se mira desde el punto de vista jurídico los venezolanos también tienen razón: En Miraflores no puede gustar que elementos del cuerpo armado del Estado se hayan embolsillado un millón y medio de dólares provenientes del gobierno colombiano para brincarse las leyes y “detener” a alguien sin antecedentes en ese país, para luego traerlo a Cúcuta y entregarlo sin ningún tipo de trámite judicial. Esto, para el gobierno de Chávez no sólo puede ser entendido como una violación de la soberanía, sino como un vil soborno oficial de Colombia a funcionarios venezolanos, con show mediático incluido. Por eso se preguntan allá: ¿Qué pasaría si Venezuela le ofrece a quien se le mida un millón y medio de dólares para que le pongan a Pedro Carmona en San Cristóbal y así echarle mano y juzgarlo por traición?
Es precisamente esta gama de visiones diversas la que hace de la política algo tan hermoso y tan apasionante, pero sobre todo tan peligroso. Lo último que le hace falta a Colombia es un incidente mayor con Venezuela ahora que las aguas están tan movidas. Además, el lujo que no se puede dar el gobierno es que en Venezuela se le abra una causa penal a algún funcionario del Estado colombiano. Porque nada tendría de raro que se genere un expediente en Caracas y a un juez allá le de por librar una orden internacional de captura con ofrecimiento de recompensa.
Es cierto que los gobiernos a veces estiran la ley y la llevan hasta ciertos límites. El problema es que una cosa es hacer eso internamente, lavando la ropa sucia en casa y arreglando los problemas con desayunos, y otra es hacerlo haciéndole cosquillitas a Chávez en mala parte. Esto último es peligroso y puede llevar a algo grave: el paso de este “Granda- gate” a un verdadero “grande-gate”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario