El muero en la cabeza

La situación mundial de estos días tiene una característica muy particular que parece sacada de épocas superadas. Se trata de una práctica repetida en varios países que consiste en que los gobernantes, para proteger a sus pueblos, se pasan por la faja postulados básicos de convivencia que han sido consagrados en constituciones y tratados.

Los ejemplos sobran. Estados Unidos manda la parada con la expedición de su Patriot Act y la teoría de la guerra preventiva. También está Israel con su política de desplazamiento forzada en la Franja de Gaza y con la construcción de su muro de seguridad en Cisjordania. Y Colombia no se queda atrás. Aquí tenemos nuestro estatuto antiterrorista y nuestra iniciativa por convertir el Estado en el gran hermano que todo lo ve, que todo lo juzga, que todo lo prohíbe.

No obstante, en estos momentos en que el mundo parece andar patas arriba en materia política, algunos comienzan a ponerle orden. El desmadre ha empezado a enderezarse gracias a la intervención de la rama judicial. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo hace un par de semanas que los detenidos de la base militar de Guantánamo pueden acudir a los jueces norteamericanos para pedir que se les respete el debido proceso. Ya comenzaron las demandas y no pasará mucho tiempo antes de que los tribunales empiecen a ordenarle al gobierno de Bush que respete la ley.

En el caso de Israel la cosa es más reciente y sobre todo más contundente. La Corte internacional de Justicia de la Haya sentenció no sólo que el famoso muro en Cisjordania es ilegal y debe ser destruido, sino que obstaculiza la paz y el desarrollo social y económico de Palestina, país al cual se debe indemnizar. Es cierto que una cosa es que la Corte ordene y otra que su orden se cumpla. Pero el mensaje es muy claro: el ejercicio del poder tiene límites y traspasarlos tiene implicaciones.

En Colombia la cosa ha sido distinta. No sólo porque aquí las cortes no han intervenido todavía para moderar el poder del Estado, sino porque sufrimos de lo que los alemanes llaman Die Mauer im Kopf, es decir, “El muro en la cabeza”. Para ellos aunque el muro de Berlín es hoy sólo una cicatriz de baldosín que recorre la ciudad, en su mente todavía los divide. Y a nosotros nos pasa lo mismo. La diferencia es que nuestros muros mentales son el estrato, la desigualdad de oportunidades y más recientemente, el temor a opinar.

El primero es un fenómeno social y cultural que, afortunadamente, será vencido algún día por el desarrollo. Lo mismo pasa con el segundo. Pero el tercero es distinto porque ha sido creado con ladrillos de autocensura forjados por la polarización actual del país. Contra este muro se estrella cada día nuestra sociedad y esto nos impide hacer verdadera política, que es lo que precisamente genera ese desarrollo. Con pocas excepciones, los principales actores de nuestra dinámica social se enfrentan constantemente al dolor de su propio silencio.

La Corte constitucional, que entrará a estudiar el estatuto antiterrorista y las demás normas que estamos estrenando, no debe caer en lo mismo. Como órgano judicial no puede darse el lujo del temor a hablar. Los magistrados tienen dos opciones. La primera es jugar el juego de las razones de Estado que sacrifican la dignidad de la persona humana. Esta es una salida fácil: “¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente”. Pero hay una segunda y es echar mano de los ejemplos extranjeros y jugar el juego de la justicia y del derecho.

El muro en la cabeza, el del temor a hablar, es una realidad de la Colombia de hoy. Si la Corte constitucional lo derriba, si con postulados jurídicos sólidos logra romper esta barrera, habrá hecho mucho. Por lo menos, habrá abierto el camino para que el Estado pueda transitar tranquilamente por la vía de la libertad y para que vuelva el verdadero debate a la política.