¿I-responsabilidad política?

Para nadie es un secreto que Colombia sufre de varios males. Puede decirse que la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico son los que más afectan el orden público. La pobreza, el analfabetismo y el desplazamiento son los campeones en el orden económico y social. En materia política, si se utiliza la dialéctica de moda, el premio gordo se lo sacan “la corrupción y la politiquería”. Aunque si se mira la cosa desde una óptica más amplia, en realidad se lo deberían ganan la polarización, la falta de visión de Estado y la desarticulación institucional. Pero como en la Colombia de hoy decir esto último es ser poco patriota, entonces mejor no decirlo; o mejor decirlo así, sin decirlo.

Todos esos son problemas actuales de nuestro país. Sin embargo, hay otro muy grave que es en buena parte el origen de varios de los mencionados. Se trata de la falta de responsabilidad política. ¿Responsabilidad política? ¿Qué es eso? La responsabilidad política es una de esas cosas que todo el mundo cree saber que son pero que a la hora de definirlas terminan dando dolor de cabeza. Sin embargo, puede decirse que ser políticamente responsable es asumir la consecuencia de una decisión o de una actuación política. Y que esta consecuencia puede ser electoral, simplemente política o jurídica.

Es electoral cuando quita votos. Como cuando Uribe barrió electoralmente a Horacio Serpa. El derrotado anunció que no volvería a aspirar a la presidencia. Sin embargo, hoy, dos años después, está aspirando. Lo que dijo Serpa la noche en que perdió puede quitarle votos ahora. Pero no más. Ni él era funcionario ni el Estado perdió plata. En este caso la responsabilidad política produce un efecto puramente electoral.

La consecuencia es sólo política y no electoral cuando el resultado no quita votos pero tumba al funcionario. Este fue el caso del ex ministro Fernando Londoño, en aquella ocasión en que dijo que el presidente estaba pensando en revocar el Congreso. Londoño sólo se cayó. Ahora, como Serpa, aspira a ser elegido presidente y sin duda todas sus actuaciones pasadas influirán en las decisiones de los votantes. Pero la responsabilidad política del incidente será cosa del pasado.

Por último, la consecuencia puede ser también jurídica. Esto quiere decir que puede tener implicaciones tanto judiciales como administrativas y fiscales. El mejor ejemplo es el de Enrique Peñalosa. Aquí, funcionarios de su administración se pasaron por la faja normas técnicas para entregar más rápido el sistema Transmilenio. Eso ha llevando a que los usuarios tengan que aguantarse ahora nuevas obras en la autopista y a que le toque al Distrito desembolsar más de 100 mil millones de pesos para pagarlas. Hay que buscar una responsabilidad que, al no poder ser simplemente política por haber ya terminado su período, no puede quedarse en solamente electoral. Peñalosa dijo que acepta la responsabilidad política pero que eso implica simplemente que puede perder votos. ¿Cómo así? ¿No está acaso la gestión del exalcalde a disposición de los investigadores naturales? No se trata de culpar a nadie de antemano. Pero ¿cómo puede un “mea culpa” político blindar al exalcalde de una investigación jurídica mientras que se pone en la picota pública a funcionarios que poco o nada tuvieron que ver con el asunto como María Isabel Patiño?

La noción de responsabilidad política está ligada necesariamente a la de control de la gestión pública. Supuestamente, en una democracia, este control lo ejercen las propias instituciones, los partidos, los medios y los ciudadanos. Pero en Colombia las instituciones controlan a medias y los organismos encargados del tema regularmente, son unos monstruos con inmensas deficiencias. Los partidos no fiscalizan a sus miembros pues no se van a echar ellos mismos la soga al cuello y los medio de comunicación guardan generalmente un equilibrio que, aunque periodísticamente sano, no cumple su función. Y como si fuera poco, el control ciudadano no está debidamente articulado. ¿O cuál es el funcionario colombiano al que le han revocado el mandato?

Si la cosa funciona deficientemente en la administración pública, en el manejo del orden público ni se diga. Para la muestra un botón: el operativo de rescate del ex ministro Gilberto Echeverri termina como termina y no ruedan cabezas institucionales. Pero el terrorismo mete un gol secuestrando 4 personas en Neiva y ahí sí, sin pedir explicaciones, se destituyen generales y funcionarios del DAS.

Una última perla: según denuncia del Concejal Alejandro Martínez Caballero el texto del artículo 172 del Estatuto Orgánico de Bogotá, que autoriza al Gobierno Distrital a celebrar contratos de concesión para dotar a Bogotá de “un eficiente sistema de transporte masivo”, tiene 5 incisos. Así aparece en el Diario Oficial. Sin embargo, en la edición comentada de la Alcaldía Mayor, que recoge el texto y que se utiliza como versión oficial en los despachos distritales, sólo aparece uno. Y algo más curioso aún. En el faltante inciso 2, se dice que los concesionarios se obligan por su cuenta y riesgo a diseñar, construir, conservar y administrar el sistema por un plazo no mayor de 30 años. Sí, Transmilenio. Esperemos que este descubrimiento dirima de una vez el tema de quién debe responder por la plata. Bueno, ¿pero y la responsabilidad política? ¿Qué nos van a decir ahora a los bogotanos?