En buenas manos

Con las órdenes de captura de varios congresistas comenzó el tan sonado nuevo proceso ocho mil, que en realidad es un proceso Cuarenta, no por el número de expediente sino por el Alias de Don Jorge, el dueño del computador. La corte Suprema de Justicia dio su primer mordisco y mando poner presos a varios congresistas por nexos con los paras. Ojo: esto no quiere decir que sean culpables, pero sí que hay indicios graves de que lo sean. Y ojo otra vez, porque acá no se trata de decisiones de fiscales haciendo política sectaria a punta de órdenes de captura, como se vio hace años en el país, sino de magistrados estudiosos y serios que están tratando hacer justicia.

Las fuentes de las pruebas que están inundando esos proceso penales son varias. La primera es el computador de Jorge Cuarenta, que es el que tiene hoy a los congresistas procesados  pagando escondederos a peso. Sin duda de él saldrán más datos que seguirán dándole a la Corte una tarea adicional a la de la casación. Basta esperar para saber quién más recibe al niño Dios en la Modelo.

La segunda fuente es el computador de Don Berna, del cual se sabe poco. Sin embargo, hay quienes opinan que su disco duro será para Antioquia lo que el de Cuarenta para la costa. Es decir, todo un ventilador que hasta ahora está empezando a girar. Y en tercer lugar, está la propia ley de Justicia y paz que exige una confesión a cada paramilitar que quiera obtener beneficios. Esas confesiones no se quedan ahí sino que llevan a que se abran otras investigaciones que, tarde o temprano, terminarán salpicando a más y más congresistas.

La Sala Penal de la Corte Suprema tiene un gran reto pero a la vez una oportunidad. El reto consiste en que no haya impunidad. La oportunidad es para demostrar que, en el proceso penal como en todos los demás, la Constitución es una norma a ser aplicada de preferencia. Esto porque en Colombia, muchas veces, se ha confundido la justicia con la cárcel y la picota pública con el derecho a la información. Y eso viola la Constitución.

Los Magistrados tienen ahora el reto de mostrarle al país cómo se surte un proceso, cuáles son sus garantías, de enseñar que la detención preventiva no es una pena sino una medida cautelar, que la política no hará que la justicia salga corriendo por la ventana y, sobre todo, que el derecho se dice en los tribunales y no en los medios. Porque no puede volver a existir encuestas sobre si un procesado es culpable o inocente, sobre si se le debe condenar o exonerar o sobre el número de años de cárcel que debería pagar. Esto es ilegal porque se reemplaza al juez y se genera un linchamiento moral injusto.

Que se investigue, que se juzgue y que se castigue. Y sí, que se eliminen de una vez y ojalá para siempre los espectáculos de justicia que, si bien dan pan y circo, al final sólo dejan un gran desgaste del aparato judicial y a los derrotados tirados en una esquina lamiéndose las heridas y tratando de justificar el resto de la vida lo injustificable. Afortunadamente en esta oportunidad es la Corte Suprema de Justicia la que tiene las riendas de los procesos penales. Dicho de otro modo, la justicia está en buenas manos. Y cuando esto ocurre, es posible decir que se está un poco más cerca de la paz.