El que no la deba, no la tema

Los psicólogos conductistas estarían felices de ver cómo su teoría del comportamiento se verifica en Colombia. Para ellos, si a un niño (…o niña) no se le pone un límite, el mensaje que recibe es el de que puede abusar de su libertad. Claro, entonces termina aprendiendo que esos límites existen cuando se estrella con ellos: cuando el ojo ya está afuera y no hay Santa Lucía que valga. Como le pasó a esa parte de la sociedad colombiana a la que se le metió en la cabeza que ser paramilitar era una verraquera. Esa cuyos líderes ahora se preguntan si pasarán la navidad en la cárcel.

En ciertas regiones del país ser paramilitar se convirtió en símbolo de estatus. Y nadie puso límites. Muchos señores de sociedad se entusiasmaron con el camuflado, con los brazaletes bien bordaditos y con los ejércitos privados. Y nadie nunca dijo nada. Se entusiasmaron también con los votos que da el miedo colectivo en un país ávido de orden.  Surgió así el monstruo “para” que ahora empieza a ser decapitado. Al fin y al cabo, si el poder ya no lo daba el dinero fácil de la coca, ahora lo daba la libertad de matar a nombre del principio de autodefensa personal. Y pues es que todo el mundo tiene derecho a defenderse. ¿No?

Nunca creyeron que en esta Colombia paramilitarizada hasta el tuétano, la Corte Suprema le pondría el cascabel al gato. Y bastó que se expidieran tres órdenes de captura para que todos empezaran a temblar. El mensaje llegó clarito: el paramilitarismo no es un juego y la Corte no dudará en limpiar el país. Y eso que las investigaciones del computador de Jorge 40 y del de Don Berna no han comenzado a dar resultados.

Ante la situación hay que aprender del pasado y actuar en consecuencia. Lo primero a entender es que este no es un proceso impulsado por fiscales políticos. Acá el tema es verdaderamente judicial. Los fiscales de hoy no pretenden hacer proselitismo con órdenes de captura para luego aspirar a la presidencia de la República. Tampoco hay revanchismo sectario. Acá es la ley penal la que se está imponiendo y el proceso judicial el que está guiando las actuaciones.

Lo segundo a tener en cuenta es que la responsabilidad penal es individual y el riesgo de una supuesta desinstitucionalización no puede ser una excusa para que no se cumpla la ley penal. El Estado está preparado como estructura para las consecuencias del encausamento de sus funcionarios. El ejecutivo, el legislativo y el judicial, como ramas del poder público, no se verán afectadas si sus miembros van a la cárcel. Al fin y al cabo para eso está la Constitución. Sí, esa que tanto molesta a algunos de los que están durmiendo menos bien por estos días.

Y lo tercero es que la sociedad que creyó en el esperpento paramilitar debe entender que se estrelló contra un límite contundente de actuaciones judiciales que no tienen vuelta atrás. Debe entender que esto no es una cacería medieval de brujas criollas sino el destape definitivo de realidad que hace rato huele a alcantarilla.

Es lógico que muchos estén asustados. Nada tan complejo como librar una lucha penal en la Corte. Pero que el que no la deba no la tema porque en ese tribunal hay pulcritud. Eso sí, que el que la deba, la tema. Porque parece que ni el fiscal ni la Corte Suprema están dispuestas a dejar pasar un  momento histórico que los dejará en la historia patria como los verdaderos salvadores del país.