Uno de los éxitos más grandes del cantautor cubano Faustino Oramas es “Cuidado con el perro que muerde callado”. La advertencia surge del adagio de que perro que ladra no muerde. Y es cierta. Porque una cosa es no pararle bolas a ladridos y aullidos cotidianos y otra distinta es gestar situaciones límite, en las cuales, se quiera o no y por más calladito que se sea, se va a terminar con un mordisco.
La cosa puede aplicarse a la reciente condena de los 144 militares que se apropiaron de los 40 mil millones de pesos que se encontraron en el 2003. Nadie discute que las decisiones judiciales deban cumplirse. Esa es la justicia. Pero en una sociedad civilizada las penas antes que nada deben ser resocializadoras y no ejemplarizantes ni vengativas. Y lo de imponerles a los soldados una pena igual y en muchos casos superior a la que se han impuesto a guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes, es verdaderamente escandaloso.
Desde el punto de vista jurídico, las teorías son varias. Que si se trataba de un tesoro, de una guaca, que si era dinero de la guerrilla, que si no lo era, en fin. Pero decir que era dinero del Estado colombiano y en ese hecho basar la condena es absurdo. No quiere decir que no haya delito. Pero ahí no hay peculado nunca.
Por otro lado, hay que tener en cuenta los factores sociales y culturales propios de la situación colombiana. Se trata de soldados que no entendían la diferencia entre un peso y un dólar. Es decir, su nivel de formación determinó en mucho su acción y eso es algo que hay que achacarle al Estado. Si se formara a los soldados de una manera integral seguramente todo habría sido distinto. Y se le suma el hecho de que estamos en una guerra salvaje y esos muchachos estaban poniéndole el pecho a las balas de las FARC, la pena ha debido ser distinta.
Lo anterior permite decir con claridad que la condena no es justa. No encaja en las proporciones que deben ser, de acuerdo a los valores jurídicos y al contexto en el que se presentaron los hechos. Me da la impresión de que en este caso volvimos a estar frente a un episodio de justicia mediática. El juez pensó más en las cámaras de televisión y menos en el deber ser de las cosas. Algo que pasa seguido y que desdice que la administración de justicia.
Este es un país en el que un muchacho en un pueblo alejado de un centro urbano se gradúa de bachiller con esfuerzo y luego, ante la falta de oportunidades y de trabajo, tiene tres opciones. O se regala para al ejército, o se mete a la guerrilla o se va donde los paras. Por eso los soldados condenados salieron del juicio y dijeron que más les habría valido entrar a la guerrilla o a las filas de las AUC que haberse dedicado a defender la institucionalidad.
Cierto, los soldados cometieron un error, pero los están sometiendo a una situación límite, que si no se corrige, puede llevar a que terminen en las filas de la subversión o en las de los paras. Mejor dicho, por cuenta del espectáculo, pueden terminar como el perro de Faustino Oramas: mordiendo callados. Cuidado.
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