El nuevo chispero

La Corte constitucional tumbó el estatuto antiterrorista y con su decisión desató la ira de muchos. Al conocer la noticia el gobierno reviró duro. Como siempre que la Corte echa abajo una norma que se ha anunciado como milagrosa, el presidente dijo que acata la decisión pero que no la comparte. Esta es una fórmula para dejar a la Corte con el pecado y sin el género. Pero el que entiende de política sabe una cosa: que el pecado en realidad lo cometió el congreso que hizo la norma pasándose por la faja la constitución sólo para complacer al presidente.

El gobierno, sin embargo, no fue el que más duro habló. Otros amigos del estatuto (Q.E.P.D) se rasgaron las vestiduras. Algunos personalizaron la cosa y dijeron que los magistrados parecían vivir en un país en el que nunca ha habido una bomba; quienes opinan así no sólo le echan leña a un fuego que lejos de ser político es judicial, sino que acentúan la polarización y muestran un profundo desconocimiento sobre temas básicos del Estado.

Pero si la decisión entristeció a algunos, también complació a otros. El problema es que muchos de los que aplaudieron el fallo lo consideran una medalla olímpica de oro en la lucha contra las políticas del presidente. Pero pensar así es ganar con doping porque el planteamiento convierte a los magistrados en héroes de oposición y los desvirtúa como jueces. Y la verdad es que aunque héroes sí son, pues están defendiendo la Constitución de unos ataques nunca antes vistos, oposición no hay porque la decisión es el fruto de la función judicial de control constitucional bien ejercida y no de la política.

Según el presidente de la Corte la sentencia se funda en la violación del proceso legislativo. Siendo esto así, los argumentos de los uribistas quedan por el suelo porque el fallo nada tiene que ver con el fondo del asunto. Esto es lógico porque hay dudas sobre la capacidad de la Corte para estudiar el fondo de un acto legislativo y porque basta que existan vicios de forma para que no haya que mirar el contenido. Economía procesal se llama esto.

El gobierno, sin embargo, también tiene su dosis de responsabilidad. La presión sobre el Congreso es desmedida. Esto ha llevado a que todo se haga de afán y con mayorías escasas o de papel. Incluso, en ocasiones, el descaro ha sido el rey y por eso no es raro que haya sucedido lo que sucedió.

Y hay algo más. Aunque en materia legislativa, como en todo, más vale maña que fuerza, la maña al gobierno no le sirvió con los magistrados. La Corte, por el contrario, dio muestras de no dejarse llevar por el síndrome de Vicente que corre para donde va la gente y menos por el de Yidis y Teodolindo cuya explicación sobra. Tampoco se dejó meter en escenarios hipotéticos a punta de propaganda, encuestas y cifras salidas del sombrero de un mago. Esto es bueno. Esto es muy bueno. De hecho esto es magnífico porque indica que en Colombia sí queda conciencia para decidir en derecho.

El gobierno ha dicho que le pidió a la Corte que revise la sentencia. Qué raro porque el procedimiento ante la Corte es judicial, está reglado, lo ampara el debido proceso y en él no existe recurso alguno para eso. De hecho el efecto de la sentencia es el de la cosa juzgada, es decir, el de la fijeza de la decisión a perpetuidad. Tal vez lo que pasa es que el gobierno todavía no se acostumbra a que le digan que no. Y esto sí es muy grave porque en la política pasa como en el amor, que para ganar, primero hay que saber perder.

En oportunidades anteriores hemos visto al gobierno dar patadas de ahogado que no han surtido efecto. Basta recordar la batalla de Uribe pidiendo que se reformara el umbral electoral cuando perdió el referendo. Al final se llevó dos derrotas en una. Ahora parece que anda en las mismas y que le puede ir igual. Porque la Corte no sólo falló bien sino que salvó a Colombia de la vergüenza de exhibir con orgullo ante el mundo un catálogo de violaciones al derecho internacional. Por eso si el presidente sigue insistiendo, seguro, nuevamente, quedará viendo un chispero.