La que ha pretendido cambiar el modelo de país reformando permanentemente la Constitución y haciendo de las políticas de Estado un proyecto electoral de carácter personal.
Hasta ahora, Ejecutivo y Legislativo han estado solos en este juego. De la mano han sorteado con éxito los intentos de la oposición por detener los efectos de la aplanadora legislativa. Han hecho política, han ofrecido y han dado, han logrado resultados. Pero el tiempo pasa y, como no hay plazo que no se cumpla, le está llegando el momento de actuar a un nuevo jugador. Se trata de alguien que hasta el momento ha sido un espectador pasivo de esta faena de las mayorías. De un órgano judicial que en el pasado ha hecho patria y que hoy se erige como la casi única esperanza de quienes prefieren un Estado basado en la libertad a uno basado en el poder. Ese nuevo banderillero es la Corte Constitucional.
El guardián de la Constitución ya mostró su poder cuando avaló el referendo el año pasado. Lo hizo desmontando unos puntos que probablemente habrían convertido el mecanismo en un seguro triunfo del Gobierno. Pero desde entonces su intervención en la dinámica política ha sido menor. Como se trata de un órgano judicial, sus actuaciones se dan dentro del marco de su propia función. Esa misma que tiene el poder que empezará a verse cuando los fallos sobre las reformas impulsadas por el Gobierno comiencen a aparecer y a hacer efecto.
Están por venir las sentencias sobre las modificaciones a la propia Constitución. Se ha dicho que la Corte sólo puede pronunciarse sobre su trámite. Sin embargo, esta es sólo una interpretación literal de una norma de procedimiento. De tiempo atrás el constitucionalismo ha hablado de límites inmanentes al poder de reforma constitucional. Y si alguna constitución del mundo tiene esos límites, es la colombiana. Por lo tanto, nada de raro ni de malo tendría que los fallos sobre tanto bisturí que le han echado a la pobre Constitución tengan una carga material que mande por la borda los intentos por volver al modelo anterior a 1991.
También vendrán las sentencias sobre las leyes aprobadas esta semana. Los códigos penales tendrán que pasar un duro examen. Igualmente la reglamentación del estatuto antiterrorista será objeto de análisis. Y no la tendrá nada fácil.
Para cualquier conocedor, esta ley es una puñalada a la libertad y a la historia de la humanidad. Nadie pone en duda que el desbordamiento del poder pueda ser eficaz para generar más orden. Pero así el remedio siempre va a salir más caro que la enfermedad, porque se sacrifica un valor esencialmente eterno por alcanzar un resultado meramente coyuntural.
El Gobierno, consciente de que tiene en frente a la Corte, ha decidido preparar un proyecto de acto legislativo que modifica sustancialmente sus funciones. Una de las reformas consistiría en quitarle el control de los decretos de Estados de excepción para entregárselo al Congreso. Es decir, que en situaciones de excepción constitucional, que es cuando más control judicial se necesita, todo se volvería un asunto de valoración política. Esto, sin más, sería volver a la Edad Media en términos de justicia constitucional.
En este ambiente de polarización y frenesí caudillista la política ha cedido a todo. Los partidos se han desgranado y se han desintegrado a la voz de la burocracia. Los votos en el Congreso van y vienen dependiendo de qué se ofrezca y de qué se reciba. Son pocos los que ven el futuro con una visión de Estado. Y en medio de tanto pan y de tanto circo los ojos se voltean lentamente hacia la Corte Constitucional. Habrá que ver entonces si la Corte se juega a favor de la revolución uribista, o, si más bien, le pone el pecho a la aplanadora y se hace del lado del derecho y de la Constitución.
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