Injusticia con la justicia

La división del poder público, que tiene como fundamento el equilibrio, eso que desde Polibio y Cicerón se llamó “los pesos y contrapesos”, tiene una filosofía política importantísima: evitar el desbordamiento de poder. La idea es que el poder se controle a si mismo y que quien lo detente no abuse de él. Sin embargo, esto que suena bonito, requiere de varios elementos para funcionar. Elementos que en Colombia poco se dan.

El primero de ellos es el de la igualdad en las ramas en cuanto a importancia y prestancia. Esto se echa de menos por nuestras tierras. Al ejecutivo se le considera más importante que al legislativo. De hecho, el ejecutivo, la mayoría de las veces, pone al legislativo de rodillas. Lo compra, lo tranza. Al mejor estilo de Yidis y Teodolindo. Basta mirar en las que andamos por cuenta de ellos dos.

La importancia y la prestancia de poder judicial, en Colombia, son relativas. En el plano formal se trata de una rama respetadísima. Muy prestante. A los jueces se les hacen venias y deferencias por su condición de tales. La propia actividad de impartir justicia les impone una majestad particular que está presente siempre en el trato. Pero a la hora del té les dan un tratamiento de segunda.

El ejecutivo y el legislativo siempre se pasan por la faja al poder judicial. Incluso a las altas Cortes cuando fallan en contra de sus intereses. No ven en la sentencia adversa una verdad, el resultado de un proceso, sino un obstáculo para alcanzar sus fines. Ejemplos sobran. Sobre todo cuando de estados de excepción se trata. El respeto es siempre formal. El respeto se les dice a los jueces, pero no se les tiene. A la hora de cumplir la decisión, se hace el quite; se interpreta. Mejor dicho, se irrespeta.

Lo anterior es aún mayor en el plano económico. Ejecutivo y legislativo se comportan como si el aparato judicial no fuera el que más dinero necesita para funcionar bien. Con la falta de comprensión de esta realidad los afectados son, por una parte, los ciudadanos que tienen derecho a la justicia pronta y eficaz. ¿Pronta? ¿Cuánto dura un proceso de responsabilidad extracontractual del Estado? ¿Eficaz? ¿Por eso el amor de los políticos criollos por la extradición?

También se perjudica a los propios funcionarios de la rama judicial. Mientras que en el ejecutivo y el legislativo el dinero se ve, en el judicial no. Los sueldos son bajos y la exigencia total. Al presidente y a los congresistas se les concede el derecho al error. A los jueces nunca. A un senador jamás le falta un computador. Un juez tiene, muchas veces, que esperar meses para que le asignen uno viejo. La gente al llegar a la presidencia o al congreso siente respeto. Al llegar al un juzgado siente miedo. Esto es, por decir lo menos, bastante injusto.

Es probable que el paro de la Rama judicial, que ya lleva varios días, no sea la manera ideal de protesta. Sin embargo, las reclamaciones de los funcionarios sí son válidas. El gobierno debe entender que el equilibrio real en las ramas del poder es importante para que el Estado funcione bien. Y que cuando se trata de la justicia, esa importancia es aún mayor. Sin una rama judicial bien remunerada no puede haber justicia. Y sin justicia, simplemente, no puede haber paz.