La extradición de Rodríguez Orejuela se llevó toda la atención de estos días. Sin embargo, lo fundamental para la política es y seguirá siendo la aprobación de la reelección. De hecho, el pacto entre Gobierno y Congreso para aprobarla dejó sobre el tapete varios aspectos que merecen una reflexión: el primero es el trueque en el que primó el interés personal. El presidente puso por delante sus ganas de quedarse y los congresistas las suyas de oxigenarse con burocracia. Todos con un mismo interés: el poder. ¿Y el poder para qué? Elemental mi querido Watson: el poder para poder.
El segundo hecho de reflexión es la figura misma de la reelección. Se trata de algo no sólo ajeno a nuestra tradición política sino también a nuestro universo jurídico. Esta es una institución que, como van las cosas, terminará convertida en la fuente de un terrible autoritarismo, especialmente ahora que el gobierno dejó ahogar el estatuto de la oposición. Increíblemente el ejecutivo utilizó su varita mágica para que se aprobara la reelección pero a la hora de salvar el estatuto que le daba garantías a sus opositores, la guardó. ¿Por qué?
Por otra parte, es evidente que la reelección ha generado una mutación genética en la actividad del gobierno. Todos los actos del presidente se convirtieron en los de un candidato, lo que ha llevado a que la información oficial se vuelva propaganda. Cuando esto le ocurre a un presidente sale a dar bandazos dependiendo de qué le indiquen las encuestas. Y para la muestra un par de botones: la nochecita de Julián en el Tequendama con francachela y comilona y el indulto gratis a 23 guerrilleros de las FARC hace 15 días. No es que el presidente esté mostrando el corazón grande. Lo que pasa es que está haciendo política, que es otra cosa.
El tercer elemento de reflexión es que el congreso tiene un poder constituyente derivado sometido a ciertos límites, que aunque no estén expresamente establecidos, son reales. Algunos sostienen que esto no es así porque en la Constitución dice que la Corte debe revisar exclusivamente la forma de los actos legislativos. Sin embargo, se olvidan que a la constitución la envuelve un conjunto de valores que son límites tácitos de reforma y que el Congreso no se puede brincar.
Vale un ejemplo: ¿Si el Congreso establece la pena de muerte la Corte debe aceptarla aún si el trámite se siguió al pie de la letra? Claro que no. ¿Por qué? Porque la interpretación constitucional debe apuntar siempre al respeto de los derechos humanos y el Congreso no puede desaparecer de un pupitrazo pasional toda la filosofía de vida del Estado social.
Por todo esto la Corte constitucional debe mirar no sólo la forma sino también el contenido de la reforma. Al mejor estilo del filósofo de Buga “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”. Y una cosa es que el Congreso reforme la constitución y la deje maquillada, más bonita o más fea, y otra cosa es que se le chupe el alma.
De nada valió la oposición ante el embrujo del poder. Al Partido liberal y al Polo no les alcanzó la fuerza para trancar la aplanadora. Por su parte, el partido conservador fue inferior a su compromiso de luchar por preservar lo esencial. Afortunadamente ahora llega el terreno de lo judicial y es el turno al bate de los magistrados. ¿Habrá Corte de franela?
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